El miedo canario a cobrar: 250 millones de euros que se escapan cada año por la puerta grande

Canarias recibe casi 18 millones de turistas al año, genera cerca de 24.000 millones en gasto turístico y lidera la economía de ocio en España. Y sin embargo, es la única gran región turística del país que no cobra ni un euro a quienes vienen a disfrutar de sus playas, su clima y sus paisajes. ¿Cómo es posible? ¿A quién beneficia esta dejadez?

Pongámonos en situación. Tienes una empresa. Funciona de maravilla. Bate récords año tras año. Los clientes vienen solos, se quedan más de lo previsto y gastan más que nunca. Tu producto es bueno —en realidad, es espectacular— y todo apunta a que seguirá así durante años. Ahora bien: en lugar de reinvertir una parte de esos beneficios en mantener lo que hace grande a tu negocio, decides no hacerlo. Decides que no. Que mejor dejarlo estar. Y mientras tanto, observas cómo tus competidores directos —que tienen negocios similares, con los mismos clientes— sí lo hacen. Y les va bien. Mejor que bien, de hecho.

Ese es, grosso modo, el retrato de la política turística canaria en lo que respecta a la tasa turística. Una renuncia voluntaria, sostenida en el tiempo, que se lleva por delante unos 250 millones de euros cada año. Cada. Año.

No es un error. No es un olvido. Es una triste decisión.

El dinero que se deja sobre la mesa

Los números no mienten, aunque a veces incomoden. Baleares lleva desde 2016 aplicando su Impuesto de Turismo Sostenible —la famosa ecotasa— y ha recaudado más de 780 millones de euros en ese tiempo, destinados a proyectos de sostenibilidad, gestión del agua, patrimonio cultural y desestacionalización. Cataluña lleva haciéndolo desde 2012 y en 2024 recaudó en torno a 130 millones de euros solo en el entorno de Barcelona y su área de influencia, con planes de duplicar esa cifra en los próximos años.

¿Y Canarias? Canarias recibe casi los mismos turistas que Baleares —15,2 millones de visitantes internacionales en 2024, prácticamente idénticos a los 15,3 de las islas baleares—, pero ingresa cero euros por este concepto. Ninguno. Mientras el archipiélago balear acumula casi 800 millones invertidos en infraestructuras y medio ambiente desde que se atrevió a dar el paso, Canarias lleva la misma cantidad de años mirando desde la barrera.

La propuesta de Nueva Canarias en el Parlamento estima que una tasa similar generaría en torno a 250 millones de euros anuales. Para que la cifra no suene abstracta: eso equivale a construir y equipar varios hospitales de tamaño mediano, o a renovar completamente la red de carreteras de una isla entera, o a invertir de forma masiva en transporte público, depuración de aguas, conservación de espacios naturales y formación de trabajadores del sector. Todo eso. Cada año. Año tras año.

No se está hablando de un impuesto confiscatorio ni de una medida rupturista. Se habla de entre uno y cuatro euros por noche de estancia, según la categoría del alojamiento. Lo que cuesta un café con leche en el aeropuerto. Lo que cualquier turista que paga 1.400 euros de media por su viaje a Fuerteventura no notaría ni en el bolsillo ni en la decisión de volver.

¿A quién le da miedo cobrar?

La respuesta oficial del Gobierno de Canarias —liderado por Fernando Clavijo y sostenido por la alianza entre Coalición Canaria y el PP— es que la tasa turística podría perjudicar la competitividad del destino. Que los turistas podrían irse a otro sitio. Que el momento no es el adecuado. Que hay que estudiar el impacto con calma.

Que hay que esperar.

Este argumento tendría cierto peso si los datos empíricos lo respaldaran. Pero no lo hacen. Ni un poco. Baleares no ha perdido turistas desde que aplica la ecotasa. Al contrario: en 2024 recibió 15,3 millones de visitantes internacionales, más que nunca. Cataluña tampoco los ha perdido. Barcelona sigue siendo uno de los destinos más visitados de Europa, pese a tener una de las tasas turísticas más altas del continente. Venecia cobra. Roma cobra. Ámsterdam cobra. París cobra. Lisboa cobra. Y todos ellos siguen llenos.

Las encuestas del propio Instituto Canario de Estadística (ISTAC) son demoledoras: el 76,5% de los turistas que visitaron Canarias no excluyen un destino de sus opciones simplemente porque tenga tasa turística. Menos del 20% dijo que no estaría dispuesto a pagarla. Son los propios turistas diciéndole al Gobierno canario que pueden cobrar sin problema. Y el Gobierno canario mirando hacia otro lado.

Entonces, si los datos no justifican el miedo, ¿quién tiene verdadero interés en que la tasa no se aplique?

La respuesta es incómoda pero necesaria: los grandes grupos hoteleros y los touroperadores que operan en las islas. Porque la tasa turística no la paga la empresa hotelera —la recauda, pero quien la desembolsa es el turista—, pero sí introduce un elemento de transparencia en el precio final del viaje que a ciertos actores no les conviene. Y porque algunos de estos actores tienen una capacidad de presión sobre los gobiernos regionales que va mucho más allá de lo razonable en una democracia sana.

No es una acusación gratuita. Es el patrón que se repite cada vez que el debate sale a la luz: los hoteleros se oponen, los políticos afines a sus intereses se pliegan y el debate se cierra hasta la próxima vez. Ha pasado en 2015, en 2018, en 2021 y está pasando ahora. Nueva Canarias lleva casi una década presentando proposiciones de ley que nunca llegan a votarse. El PSOE ha hecho lo mismo. El actual Gobierno, con el PP como socio de cama, tiene bien claro que eso no va a ocurrir en esta legislatura.

Las consecuencias de no decidir

Lo más perverso de la inacción es que tiene un coste real, aunque nadie lo contabilice en los presupuestos. Canarias sigue batiendo récords turísticos mientras su infraestructura cruje por las costuras. Las carreteras de Fuerteventura —una de las islas que más turistas recibe en relación a su tamaño— son una vergüenza sostenida en el tiempo. El transporte público interurbano es, en muchos municipios, prácticamente inexistente. Las playas más visitadas del archipiélago se saturan en temporada alta sin que haya recursos suficientes para gestionarlas dignamente. Los espacios naturales protegidos sufren una presión creciente sin planes de manejo financiados de verdad.

Y mientras tanto, el sector turístico —que en Canarias representa en torno al 35% del PIB regional y da empleo directo e indirecto a casi el 40% de la población activa— genera una riqueza que, como admiten desde dentro del propio sector, no se distribuye de forma suficientemente equitativa. Canarias bate récords de turistas y de gasto turístico, sí. Y al mismo tiempo registra tasas de pobreza y desigualdad que avergüenzan a cualquier economía que se precie. Ese oxímoron —prosperidad turística, pobreza estructural— tiene muchas causas, pero una de ellas es la incapacidad histórica de capturar para lo público una parte proporcional de la riqueza que genera el turismo.

En términos coloquiales: el turismo genera toneladas de dinero, pero una parte desproporcionada de ese dinero se va fuera. A las matrices de los grandes grupos hoteleros. A los touroperadores centroeuropeos que controlan los paquetes. A plataformas digitales que no tienen ni oficina en las islas. El residente canario recibe el ruido, la presión sobre la vivienda, la saturación de servicios y, a cambio, un empleo en hostelería que rara vez supera el salario mínimo con horas extras incluidas.

La tasa turística no es la solución a todos estos problemas. Pero es una palanca. Una herramienta concreta, probada, que funciona donde se ha aplicado. Renunciar a ella no es prudencia. Es dejadez con coartada técnica.

Calidad o cantidad: la pregunta que nadie quiere responder

El debate sobre la tasa turística lleva inevitablemente a otra pregunta más profunda, y más incómoda: ¿qué modelo turístico quiere Canarias?

Porque hay dos caminos posibles. El primero es el que se lleva siguiendo décadas: más turistas, más camas, más vuelos, más ocupación hotelera, más números en el titular de prensa. Crecer en cantidad. El segundo es apostar por la calidad: turistas que gasten más, que se queden más días, que visiten más allá de la playa del hotel, que contribuyan a financiar el destino que están disfrutando y que encuentren una infraestructura a la altura de lo que pagan.

Baleares lleva años intentando girar hacia ese segundo modelo. No siempre con éxito, pero al menos con la voluntad de hacerlo. Ha puesto límites al crecimiento de plazas hoteleras, ha invertido la recaudación de su ecotasa en proyectos de desestacionalización, ha financiado con ese dinero mejoras en el ciclo del agua y en la conservación del patrimonio natural. El dinero recaudado no es perfecto —han cometido errores en su distribución, y parte de la sociedad balear los ha criticado con razón—, pero existe. Se puede auditar, se puede mejorar, se puede debatir.

En Canarias no hay debate posible porque no hay dinero. No existe el fondo. No existe el mecanismo. Y mientras no exista, cualquier discurso sobre turismo sostenible, turismo de calidad o turismo responsable es, en el mejor de los casos, marketing. En el peor, hipocresía.

El propio ISTAC, en sus encuestas sobre el perfil del turista canario, refleja que el visitante que llega a las islas paga de media 1.416 euros por su viaje. Es un turista que gasta más de 1.400 euros de media por viaje, por encima de la media nacional. Un turista dispuesto a pagar eso puede perfectamente asumir tres o cuatro euros más por noche de estancia. No se va a ir. Y si se fuera —que no se va—, quizá no sería el turista que más interesa retener.

Porque el turismo de bajo coste, el que llena los vuelos de oferta y negocia hasta el último céntimo del paquete con el touroperador, no es el que deja más riqueza en destino. Es el que más infraestructura consume y menos dinero deja. Apostar ciegamente por la cantidad sobre la calidad no es una estrategia turística. Es una trampa.

Lo que podrían ser 250 millones al año

Hagamos el ejercicio. Imaginemos que Canarias aprueba mañana una tasa turística similar a la balear, con tarifas que oscilan entre uno y cuatro euros por noche según la categoría del alojamiento. Y que eso genera, como estiman los cálculos más conservadores, unos 250 millones de euros anuales.

¿Qué se puede hacer con 250 millones al año, año tras año, destinados específicamente a mejorar el archipiélago?

Se pueden renovar completamente las redes de saneamiento y depuración de aguas en las islas que las tienen obsoletas. Se puede crear un sistema de transporte público interinsular e intraisular que funcione de verdad. Se puede financiar la conservación activa de los espacios naturales protegidos, que hoy sobreviven con presupuestos raquíticos. Se puede invertir en formación para los trabajadores del sector, que llevan décadas reclamando mejores condiciones y salarios dignos. Se puede crear un fondo de ayuda al acceso a la vivienda para los residentes que han visto cómo el turismo ha disparado los alquileres hasta hacerlos inasequibles. Se puede, en definitiva, hacer que la prosperidad turística se traduzca en prosperidad real para quienes viven en las islas todo el año, no solo para quienes las visitan dos semanas en verano.

Nada de esto es utópico. Todo esto lo está haciendo Baleares con su ecotasa. Con turistas de perfil similar. Con una economía estructuralmente parecida. Sin que se haya hundido el turismo ni ardido el mundo.

Un espejo en el que no queremos mirarnos

Hay algo revelador en la resistencia canaria a implantar la tasa turística: dice mucho sobre quién manda de verdad en la política de las islas. Cuando un gobierno es incapaz de adoptar una medida que tiene el respaldo de la mayoría de la sociedad, que está avalada por todos los datos disponibles y que funciona con éxito en destinos comparables, la pregunta obligatoria es: ¿a quién le debe algo este gobierno?

Los políticos que durante años han bloqueado este debate —con excusas que cambian de forma pero no de fondo— no han estado protegiendo al turismo canario. Han estado protegiendo intereses particulares a costa del interés general. Y ese es un fracaso que tiene consecuencias concretas: carreteras sin asfaltar, playas sin gestionar, servicios públicos bajo mínimos y una generación de canarios que no puede permitirse vivir en el territorio donde nació porque el turismo ha encarecido todo sin que nadie haya puesto en marcha los mecanismos para compensarlo.

250 millones de euros al año. Cada año. Durante los diez años que llevamos debatiendo esto, habrían sido 2.500 millones de euros. El equivalente a varios planes de infraestructuras, varios hospitales, varios sistemas de transporte renovados, varios fondos de vivienda pública.

Todo ese dinero existe. Lo generan los turistas que vienen a las islas. El problema es que nadie ha tenido el coraje de pedirles que dejen una pequeña parte de él antes de marcharse.

Y mientras esperamos a que ese coraje aparezca, Baleares lleva 780 millones de ventaja. Y contando.

P.D.: Canarias tiene el producto turístico más valioso de España. Lo que le falta es la decisión política de gestionarlo como merece.