Una defensa decidida de la ciudad como lugar para ser vivido
Las ciudades nacen para ser habitadas. No para ser contempladas como un decorado, ni para funcionar como un parque temático, sino para acoger la vida en toda su complejidad: la rutina, la memoria, la convivencia, el conflicto, la celebración. En el casco urbano —ese núcleo donde se condensa la historia y la identidad de una comunidad— esta verdad se vuelve aún más evidente. Allí, cada calle conserva huellas de generaciones, cada fachada guarda un relato, cada plaza ha sido escenario de encuentros que han tejido la trama social de la ciudad.
Por eso, cuando discutimos el destino de las viviendas en el centro histórico, no estamos hablando únicamente de urbanismo o economía. Estamos hablando del alma de la ciudad. De su capacidad para seguir siendo un lugar donde vivir, crecer, envejecer y reconocerse en los demás.
En los últimos años, la expansión del alquiler vacacional ha tensionado este equilibrio. Lo que comenzó como una oportunidad para dinamizar la economía local se ha convertido, en muchos casos, en un fenómeno que amenaza la continuidad de la vida vecinal. Sin embargo, la respuesta no tiene por qué ser un rechazo absoluto. La clave está en comprender que la defensa de la ciudad como espacio para ser vivido puede coexistir con un modelo de vivienda turística, siempre que este sea controlado, limitado y subordinado al interés general.
El casco urbano: un espacio de identidad que necesita habitantes
El casco urbano no es solo un conjunto de edificios antiguos. Es un ecosistema social. Allí se mezclan generaciones, se transmiten oficios, se mantienen tradiciones, se construyen vínculos que dan sentido a la vida comunitaria. La identidad de un barrio no se sostiene en la arquitectura, sino en las personas que la habitan.
Cuando las viviendas se transforman masivamente en alojamientos turísticos, este ecosistema se debilita. La vida cotidiana se fragmenta, los comercios de proximidad desaparecen, los precios se disparan y los vecinos se ven empujados hacia la periferia. Una ciudad sin vecinos es una ciudad que pierde su voz.
Pero reconocer este riesgo no implica negar el valor del turismo. Implica, más bien, situarlo en su lugar adecuado: como complemento, no como sustituto; como oportunidad, no como motor que desplaza la vida local.
Turismo sí, pero no a cualquier precio
El turismo aporta riqueza, empleo y visibilidad. Puede revitalizar zonas degradadas, impulsar la rehabilitación de edificios y diversificar la economía. Pero cuando se convierte en un fenómeno descontrolado, sus efectos negativos superan a los positivos.
La clave está en la palabra control.
Una vivienda turística regulada, limitada en número, integrada en un marco normativo claro y sometida a inspección, puede convivir perfectamente con la vida vecinal. Puede incluso aportar beneficios: dinamizar el comercio, atraer visitantes respetuosos, generar ingresos que se reinviertan en la mejora del barrio.
Lo que no puede permitirse es un modelo sin reglas, donde la especulación sustituye a la convivencia y donde el beneficio inmediato pesa más que el derecho a la ciudad.
La vivienda como derecho y como pilar de la ciudad vivida
La vivienda no es un bien cualquiera. Es el espacio donde se construye la vida. Por eso, defender que el casco urbano mantenga su función residencial es defender un principio básico: la ciudad debe ser un lugar para ser vivido, no solo para ser consumido.
Esto implica:
- Garantizar que haya suficientes viviendas destinadas a residentes permanentes.
- Evitar la expulsión de familias, jóvenes y mayores.
- Proteger el comercio de proximidad.
- Mantener la diversidad social que da riqueza a los barrios.
- Asegurar que la vida cotidiana tenga prioridad sobre la actividad turística.
Pero también implica reconocer que la ciudad puede abrirse al visitante sin perder su esencia, siempre que lo haga desde un equilibrio consciente.
Un modelo de convivencia posible
La coexistencia entre vivienda residencial y vivienda turística es posible si se cumplen ciertas condiciones:
- Límites claros al número de viviendas turísticas por barrio o por edificio.
- Licencias estrictas, vinculadas a criterios de calidad, seguridad y convivencia.
- Inspecciones reales que eviten la proliferación de alojamientos ilegales.
- Incentivos para que los propietarios mantengan viviendas en régimen residencial.
- Participación vecinal en la definición de las normas.
- Reinversión de parte de los ingresos turísticos en la mejora del barrio.
Este modelo no solo protege a los vecinos, sino que también ofrece al visitante una experiencia más auténtica: una ciudad viva, no un escenario vacío.
La ciudad como proyecto colectivo
Defender la vida en el casco urbano es defender la idea de ciudad como proyecto compartido. Una ciudad no es la suma de intereses individuales, sino un espacio donde se negocia constantemente el bien común. Y el bien común exige equilibrio: permitir el turismo, pero sin sacrificar la vida local; abrir la ciudad, pero sin deshabitarla; aprovechar las oportunidades económicas, pero sin destruir aquello que hace que la ciudad sea única.
Una ciudad viva es aquella donde:
- Las ventanas se encienden por la noche.
- Los vecinos se saludan al cruzarse.
- Los niños juegan en plazas que no son solo decorativas.
- Los mayores pueden seguir viviendo donde han construido su historia.
- Los comercios tradicionales conviven con nuevas propuestas.
- El visitante se integra en un entorno real, no artificial.
Una defensa decidida de la ciudad vivida
La defensa de la ciudad como lugar para ser vivido no es incompatible con la existencia de vivienda turística. Lo que es incompatible es la desregulación, la especulación y la sustitución de la vida cotidiana por un flujo constante de estancias fugaces.
Queremos ciudades habitadas, no vaciadas. Queremos barrios con memoria, no vitrinas. Queremos que el turismo sea un invitado, no el dueño de la casa.
Porque una ciudad sin vecinos no es una ciudad. Y una ciudad que renuncia a su vida interior renuncia a su futuro.
